El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la denegación del Plan Económico Financiero (PEF) y contra los acuerdos de no disponibilidad de crédito requeridos por el Ministerio de Hacienda. Se solicitan medidas cautelares por la vía contencioso-administrativa, como han explicado la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

El recurso se refiere a dos resoluciones del Ministerio de Hacienda, fechadas el 5 y el 7 de abril, correspondientes a la denegación del PEF de 2017/2018 y a la solicitud previa de acuerdo de no disponibilidad de créditos por incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del Presupuesto municipal de 2016. Se estima que ambas resoluciones “no son conformes a derecho y perjudiciales para los intereses del Ayuntamiento de Madrid”, tal y como figura en el escrito remitido por vía telemática al TSJM.

El recurso se refiere a la regla de gasto tal y como la interpreta actualmente el Ministerio de Hacienda. Esta regla “supone la creación de un tercer objetivo ajeno al mandato constitucional, una clara extralimitación normativa, ya que tal regla de gasto debería considerarse un instrumento para alcanzar el objetivo de estabilidad y no un objetivo en sí mismo”. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la estabilidad parece sobradamente demostrada con un superávit superior a los mil millones y un ritmo acelerado de reducción de deuda.

“El Ayuntamiento de Madrid y, por extensión, todas las administraciones locales, está en una situación de indefensión jurídica ante esta interpretación de la regla de gasto por parte del Ministerio”, explicó Rita Maestre. El cálculo  “no es justo para la ciudad de Madrid, defendemos que hay otras interpretaciones”.

El recurso destaca la paradoja de que el Ayuntamiento cumple los requisitos exigidos en el artículo 135 de la Constitución y en la normativa europea, pero incumple con la regla de gasto en los términos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Se podría dar, por tanto, una extralimitación en la citada ley. Carlos Sánchez Mato ha recordado que hay motivos legales más que suficientes “para discutir esa Ley de Estabilidad Presupuestaria”, a la vez que ha insistido en que las medidas adoptadas por Hacienda perjudican a los vecinas y vecinas de la ciudad de Madrid.

Tanto Maestre como Sánchez Mato han asegurado que el Ayuntamiento cumplirá con la legalidad. De hecho, y hasta que el TSJM se pronuncie y resuelva el recurso, se llevarán a pleno los acuerdos de disponibilidad restantes para alcanzar las exigencias del Ministerio. El cumplimiento de las medidas, ha reiterado el responsable de las arcas municipales, “no van a suponer, en ningún caso, un deterioro de las políticas públicas”.

La solicitud de medidas cautelares por la vía contencioso administrativa fue aprobada por la Junta de Gobierno del pasado 27 de abril al estimar –tras analizar de manera exhaustiva el marco legislativo y con los informes de la Asesoría Jurídica del Consistorio– que podría haberse producido una incorrecta interpretación de la ley, así como una incongruencia jurídica.

Los acuerdos de no disponibilidad fueron requeridos por el Ministerio de Hacienda en el marco del artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. /