“Defender los derechos del pueblo fue la tarea permanente de Berta Cáceres durante toda su vida, por eso es una gran alegría para mí poder estar hoy aquí”. Con estas palabras Mauricio Valiente, el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, comenzaba el acto homenaje que el consistorio ha organizado en reconocimiento a esta mujer indígena lenca, feminista, y una de las defensoras de derechos humanos y ambientales más reconocidas en Honduras, cuando se ha cumplido el primer aniversario de su asesinato, ocurrido el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza (Honduras).
En el homenaje ha estado presente Laura Zúñiga Cáceres, una de sus hijas y también activista medioambiental, y diversos miembros de asociaciones latinoamericanas y españolas que trabajan en la defensa de los derechos humanos. También han asistido al acto la portavoz municipal, Rita Maestre; la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, así como diversos miembros de la corporación municipal de los diferentes grupos políticos.
Laura Zúñiga ha señalado que quiere que se haga justicia con el asesinato de su madre, puesto que el caso ha presentado muchas irregularidades a nivel judicial y que este homenaje, así como otros a los que ha asistido recientemente “sirven para actualizar casos como el de mi mami, pero también en general para visibilizar aquellas situaciones en las que se están vulnerando los derechos humanos en muchas partes del mundo, donde se sigue amenazando a activistas, y donde hay pueblos oprimidos que están siendo masacrados por los intereses de grandes y fuertes grupos económicos a nivel mundial”.
Mauricio Valiente ha destacado el programa de acogida a defensores de los derechos humanos que el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha a finales de este año y cuyo objetivo es acoger temporalmente a defensores de los derechos humanos que desarrollen su labor en otros países, con el objetivo de que puedan formarse, continuar su tarea desde Madrid o difundir las violaciones a las que se han visto sometidos. Valiente ha reivindicado “políticas de refugio adecuadas y que la ley actúe llegando hasta las últimas consecuencias con los responsables de violaciones de derechos humanos”.