Madrid y Barcelona a través de sus planes de calidad del aire han mostrado la clara voluntad municipal de establecer las medidas necesarias para reducir la contaminación atmosférica y favorecer unas ciudades más confortables para su ciudadanía, garantizando así el derecho a la salud de todos y todas.

No obstante, como se ha puesto de manifiesto claramente en el Dictamen motivado dirigido al Reino de España por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, en relación con los valores límite de NO2, para conseguir los resultados necesarios en paralelo a este esfuerzo extraordinario de carácter local, es imprescindible que las medidas locales sean apoyadas tanto por las políticas regionales como estatales. Por ello, ambos ayuntamientos solicitan al Gobierno español los siguientes elementos:

  • La revisión del impuesto especial sobre carburantes, eliminando todas las ventajas fiscales que favorecen la compra de vehículos diésel.

 

  • La modificación del impuesto de matriculación de vehículos para priorizar los vehículos menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO.

 

  • La obligatoriedad de la identificación de todos los vehículos mediante el etiquetado establecido por la DGT en función del potencial contaminante.

 

  • El perfeccionamiento del etiquetado de vehículos iniciado por la DGT con las etiquetas para motocicletas y ciclomotores no eléctricos así como para vehículos industriales híbridos de bajas emisiones.

 

  • El desarrollo de sucesivos programas PIVE para incentivar la renovación de los vehículos profesionales y turismos más contaminantes en términos de NO2 y PM, a favor de vehículos Cero y ECO y que la ayuda tenga en cuenta criterios sociales.

 

  • La aplicación de descuentos VAO, ECO en función de la etiqueta ambiental de la DGT en los peajes de competencia estatal.

 

  • El incremento de la financiación del transporte público de proximidad, alcanzando como mínimo los niveles del año 2010.

 

  • La priorización de las inversiones vinculadas con el transporte público, incluyendo tanto las vinculadas a las infraestructuras ferroviarias como la habilitación de Bus-VAO en los principales accesos a las ciudades y otras medidas favorecedoras de la intermodalidad.

 

  • La elaboración de una ley de financiación del transporte público estatal.

 

  • La modificación del texto de la Ley de tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, con la creación de la tipificación de una infracción específica para el incumplimiento de las medidas especiales de ordenación de la circulación por razones ambientales, que podrá tener la consideración de grave o muy grave.

 

  • La modificación del Reglamento General de Circulación, en el sentido de prever la posibilidad de establecer medidas de ordenación de la circulación por razones ambientales.

 

  • La revisión de la fiscalidad y tasas portuarias y aeroportuarias con el fin de permitir una mayor diferenciación en función del nivel de contaminación eliminando los máximos existentes en la actualidad.

 

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado inicialmente el Plan de A de Calidad del Aire y Cambio Climático, que incluye 30 medidas para conseguir una movilidad sostenible, una reducción de las emisiones de efecto invernadero y una ciudad resiliente al cambio climático. Dentro de esto, una de las medidas es el establecimiento de un marco de colaboración institucional con otras Administraciones, ya que algunas medidas fundamentales para reducir la contaminación no son competencia municipal.

La ciudad de Madrid comenzó el pasado lunes una ronda de contactos con diferentes ministerios para plantear estas demandas/