Aunar fuerzas e iniciativas para frenar la gentrificación de los centros urbanos que se está produciendo en Madrid y Barcelona, y la expulsión de los residentes en ellos como consecuencia de este fenómeno; regular los precios del alquiler de vivienda; y reclamar del Estado más inversión en esta materia para garantizar el derecho a la misma de todos los ciudadanos. Estos han sido los temas principales abordados en la reunión de trabajo sobre exclusión vecinal mantenida el pasado viernes por el concejal del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo y los responsables de Urbanismo y de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz y Josep María Montaner.

Ambas ciudades abordan conjuntamente lo que consideran la “situación de emergencia insostenible” que se está produciendo en torno al precio de los alquileres, en sus centros históricos y plantean, entre otras cuestiones,  la necesidad de la regulación de los mismos por parte del Estado  para garantizar el derecho a la vivienda. También consideran imprescindible revisar la Ley de Arrendamientos Urbanos para facilitar la prórroga de los contratos de alquiler desde los 3 años de ahora hasta los 5 años como mínimo.

El grupo de trabajo nace con vocación de permanencia hasta que se dé una solución coordinada a este problema, que el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, considera inaplazable. Las reuniones de trabajo se repetirán como mínimo una vez al trimestre, y contará con representación política y técnica de las dos ciudades. El objetivo es poner sobre la mesa las experiencias de cada una de ellas,  analizar las herramientas desarrolladas para abordar la situación y anticiparse a futuras situaciones problemáticas.

Asunción de competencias

 En este trabajo conjunto Madrid y Barcelona, al igual que  otras ciudades como París o Berlín, que ya han tomado medidas para poner freno al incremento abusivo de los precios del alquiler de viviendas, reclamarán al Estado un aumento de la inversión en vivienda, dado que en los últimos 10 años son los Ayuntamientos quienes están haciendo el mayor esfuerzo en esta materia, mientras que el Estado ha reducido un 70% la inversión.

Con respecto a las medidas encaminadas a controlar las subidas indiscriminadas de los precios de alquileres, ambas ciudades están de acuerdo en asumir las competencias que ahora está en manos de la Administración Central. Para abordar con mayor perspectiva una problemática con consecuencias difíciles de revertir si no se toman medidas urgentes, las dos principales ciudades de España convocarán un encuentro internacional el próximo otoño con una agenda concreta: compartir estrategias contra la gentrificación, que tiene como consecuencia la “expulsión vecinal y comercial” de los barrios por motivos económicos.

Instrucción del Ayuntamiento de Madrid

Por otra parte y con respecto a cómo abordar esta problemática, el Ayuntamiento de Madrid ha dictado una Instrucción Urbanística que no permitirá la sustitución con carácter general del uso residencial por el terciario hospedaje en los patios de manzana de los antiguos ensanches de los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamberí y barrio de Argüelles, dado que muchos de los edificios existentes en ellas se encuentran fuera de ordenación. Una medida que quiere evitar el progresivo incremento de los usos terciarios de hospedaje en la almendra central, tanto en el casco antiguo de la ciudad como en las manzanas típicas de los antiguos ensanches de los citados distritos./