El Pleno ha aprobado este miércoles una moción de urgencia contra la Disposición Adicional 27 del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Insta al gobierno central y a los grupos parlamentarios a derogar una medida que atenta contra el principio de autonomía de los ayuntamientos y otras administraciones y pretende poner trabas a los procesos de municipalización de servicios.
La disposición limita con carácter permanente la incorporación de personal a los ayuntamientos, sus empresas públicas y otras administraciones. Veta la incorporación de trabajadores de contratas y servicios público privatizados “cuando los contratos [de estas] se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio”. En la práctica, esto supone una seria cortapisa a las subrogaciones de personal en los procesos de remunicipalización.
La moción considera que esta disposición ataca el principio de autonomía de los municipios consagrado en el Artículo 140 de la Constitución.
Considera además que, en caso de entrar en vigor, obstaculizará los procesos de reversión hacia la gestión directa de los servicios y obras de titularidad pública que actualmente están gestionados por empresas y entidades privadas mediante contratos, al no poder incorporar a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios con probada experiencia y profesionalidad.
La disposición supone un nuevo obstáculo legal y parece contradecir uno de los pilares de la ley de sostenibilidad: la eficiencia en la prestación de los servicios públicos./