El Ayuntamiento de Madrid presentará recurso contra la denegación del Plan Económico Financiero (PEF) y el acuerdo de no disponibilidad requerido por el Ministerio de Hacienda. Se estima que puede haber una incorrecta interpretación de la ley y una incongruencia jurídica por lo que se solicitarán medidas cautelares por la vía contencioso administrativa. La medida se adopta tras un análisis exhaustivo del marco legislativo y con los informes de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.

Tras un análisis exhaustivo del marco legislativo, se estima que los requerimientos de la Secretaría General de Financiación Autonómica del Ministerio de Hacienda podrían haber colocado al Ayuntamiento de Madrid en una situación de indefensión. Por ello se emprende la vía judicial para esclarecer la situación en el marco de la legalidad y desde la responsabilidad institucional.

Las acciones se refieren a la resolución por la que se deniega la aprobación definitiva del PEF de 2017/2018 y a la solicitud previa de acuerdo de no disponibilidad de créditos por incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación de 2016.

Los acuerdos de no disponibilidad se solicitaron por parte del Ministerio de Hacienda en el marco del artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Resulta cuestionable que se apliquen las medidas coercitivas previstas en ese artículo ante la falta de presentación, falta de aprobación o incumplimiento del PEF. Cuando el Ministerio de Hacienda envió esa comunicación el PEF presentado por el Ayuntamiento de Madrid aún no había sido denegado. Se considera por tanto que puede existir una incorrecta interpretación de la ley.

Asimismo se plantea una posible incongruencia jurídica en la posterior denegación del PEF al recurrir a la motivación de medidas coercitivas de una valoración anterior a ese rechazo.

El Ayuntamiento valora también si en la actuación desarrollada por la Secretaría General de Financiación Autonómica se dio una posible vulneración del principio de autonomía financiera del consistorio en una estricta aplicación de sus potestades de tutela financiera que pudieran afectar, incluso, al principio de lealtad institucional y la colaboración constitucionalmente establecida entre las distintas administraciones públicas.

El Pleno municipal aprobó esta semana tres acuerdos de no disponibilidad por 104 millones de euros en respuesta a la solicitud del Ministerio de Hacienda. También se remitió una carta proponiendo que se constituya la mesa técnica acordada para analizar la interpretación de la regla de gasto./

Declaraciones de Sánchez Mato sobre el recurso contra la denegación del PEF y el acuerdo de no disponibilidad