La prestación de servicios públicos no es un capricho de los ayuntamientos, sino una obligación constitucional para la que los gobiernos municipales han sido elegidos. Para cumplir ese deber es imprescindible que las entidades locales cuenten con la autonomía necesaria y un sistema de financiación diferente, como ha subrayado el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, durante la clausura de las Jornadas Municipalistas por una Financiación Justa que se celebran en Valencia.
“El corsé que sufrimos los ayuntamientos va en contra de la mayoría social”, ha asegurado Sánchez Mato, en relación a una normativa estatal que limita sus capacidad de acción. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y la Ley de Estabilidad Presupuestaria no se ajusta a las realidades diversas de los municipios.
“Técnica y jurídicamente es posible cambiar la situación. Hace falta voluntad política para lograrlo y en Valencia se ha demostrado que esa voluntad existe desde ayuntamientos de todos los colores”, ha explicado el concejal. Sánchez Mato ha participado este mediodía en el plenario de conclusiones de las jornadas junto al alcalde de Valencia Joan Ribó, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, y el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Javier Suárez Pandiello.
Madrid, sede del próximo encuentro
“Madrid no va a eludir la responsabilidad que le toca para reivindicar transformaciones en calidad de gran ayuntamiento con suficiencia fiscal. No quiere dejar solos a ayuntamientos medianos y pequeños que se encuentran asfixiados las limitaciones de la normativa estatal”.
Por ello Sánchez Mato ha ofrecido que Madrid acoja el próximo encuentro sobre financiación local en un plazo corto de tiempo, a la vista de la urgencia de las reivindicaciones.
Las jornadas, que han reunido a decenas de representantes de entidades locales, han concluido con un acuerdo, la Declaración de Valencia, firmada por representantes de decenas de entidades locales reivindica cambios en las competencias municipales sobre tasas e impuestos, transferencias al Estado, la capacidad de endeudamiento y la aplicación de la Regla de Gasto.
“Propugnamos que las entidades locales que obtengan un resultado de superávit o capacidad de financiación con remanente de tesorería para gastos generales positivo, deberán poder disponer libremente de dicho remanente, siempre y cuando no superen los límites en los niveles de morosidad y deuda financiera”, asegura el texto de la declaración. Esta reivindicación es aplicable a la situación de Madrid, donde el superávit es cercano a los 1.000 millones y la estabilidad está plenamente garantizada, a la vez que existen necesidades urgentes de inversiones. La aplicación de la Regla de Gasto fijada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria limita esa necesaria capacidad de inversión. “Hacer una foto fija con la regla de gasto sin atender a realidades particulares va en contra de los intereses de la ciudadanía”, subrayó Sánchez Mato.
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